El Gobierno aprueba ayudas de alquiler y suspende desahucios en beneficio de 500.000 familias vulnerables

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas en materia de alquiler que beneficiará a unas 500.000 familias vulnerables y que contempla la suspensión de los desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma, la prórroga extraordinaria por seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual, una línea de microcréditos avalados por el Estado o ayudas directas de hasta 900 euros tras la crisis, por importe de 700 millones de euros, entre otros.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2020, Pablo Iglesias, en la que han detallado las nuevas medidas del plan de choque del Ejecutivo contra el impacto económica del Covid-19.

Iglesias ha destacado que las medidas buscan ofrecer seguridad y protección a todas las personas para afrontar el impacto negativo de la crisis y ha subrayado que su objetivo es ofrecer el "derecho constitucional" de la vivienda, un bien "más imprescindible" ahora que nunca al ser la "trinchera" desde la que los ciudadanos se protegen del virus, tras pedirles que permanezcan en casa para evitar contagios.

En concreto, se suspenden los desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma y se implanta la renovación automática de los contratos de alquiler que venzan en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma. Esta prórroga será de seis meses y en ella se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor.

Además, ha indicado que, conforme al real decreto-ley aprobado, quien caiga en situación de vulnerabilidad puede acogerse a un microcrédito que dará el estado a tipo 0 de interés, a devolver en 6 años ampliable a 10 en caso de dificultades.

A su vez, se recoge una definición "muy amplia" de los supuestos de vulnerabilidad para acogerse al sistema, sumado a facilidades para devolución de los mismos créditos, lo que permitirá que un "gran número" de personas con dificultades puedan acogerse, como por ejemplo los parados, los trabajadores inmersos en ERTE o reducción de jornada o autónomos con ingresos reducidos como consecuencia del Covid-19.

Por ello, ha precisado que con el decreto se garantiza que todos los pequeños propietarios percibirán "íntegramente" las rentas de viviendas y los grandes tenedores y fondos de inversión deberán asumir "como es normal" parte del impacto, efectuando quitas o reestructuración.

Se regula también una moratoria para el caso en el que el arrendador no sea un gran tenedor de inmuebles, algo que sucede en el 85% de los casos. En estas circunstancias, el inquilino, siempre que se encuentre en situación de vulnerabilidad, podrá solicitar un aplazamiento en el pago de su renta. El arrendador tendrá siete
días para aceptarlo, proponer una alternativa o rechazarlo.

En el caso de que no haya un acuerdo, el inquilino tendrá acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación a coste cero con aval del Estado. El inquilino podrá solicitar un crédito finalista, directamente pagado al arrendador, por importe de hasta seis mensualidades de la renta de alquiler, a devolver en un periodo máximo de diez años.

Este crédito no tendrá interés, será concedido por las entidades de crédito y contará con el aval del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que firmará el correspondiente acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

GRANDES TENEDORES Y FONDOS DE INVERSIONES

De igual forma, se establece una moratoria automática en el pago de la renta para aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda, tanto público como privado, incluido el Fondo Social de Vivienda de las entidades financieras. Se entiende como tal a quien posea más de diez inmuebles.

La moratoria en el pago de la renta se prolongará mientras dure el estado de alarma o mientras persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. Una vez superada dicha situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un periodo no superior a tres años, sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses.

Iglesias ha enfatizado que los grandes tenedores de vivienda "deben arrimar el hombro y hacer un esfuerzo como todo el mundo", frente a inquilinos vulnerables y pequeños propietarios. Por ello, la norma establece que tendrán que elegir entre realizar una quita del 50% o bien reestructuración de la deuda en 3 años para los afectados.

En este sentido, el vicepresidente ha hecho hincapié en que se incluye una "distinción clave"; ya que "no es lo mismo un pequeño propietario que un fondo buitre o un gran tenedor, no es lo mismo una pareja de jubilados que reciben una pensión baja junto a la renta de un piso que han comprado tras toda la vida de trabajo que alguien con 15 o 20 viviendas alquiladas o fondos buitres con miles de viviendas".

AYUDAS DE HASTA 900 EUROS

Si después de la crisis se mantiene la vulnerabilidad, la norma incorpora un programa específico para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables, a fin de dotarles de una solución habitacional inmediata.

Se establece una ayuda de hasta 600 euros al mes, que puede elevarse en casos justificados hasta 900 euros, siempre con un límite del 100% de la renta del inmueble, y se añaden otros 200 euros para la atención de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos, con un límite del 100% de los mismos.

"El Estado no les va a dejar tirados y se va a ocupar de garantizar que nadie pueda ser expulsado de su casa por no pagar el alquiler", ha insistido Iglesias.

Preguntado sobre las peticiones de condonación y las propuestas de Unidas Podemos, ha indicado que se ha trabajado "mucho" en "muchos ministerios" para elaborar un decreto que protege a las familias vulnerables que puedan verse imposibilitados para pagar el alquiler o la imposibilidad de devolver el crédito. "Eso nos debe llenara todos de orgullo", ha resaltado Iglesias.

En cuanto al número de beneficiarios, ha indicado que, a la espera de que se concrete el ingreso mínimo vital en el que trabaja el Ministerio de Seguridad Social, con unos 5 millones de personas potencialmente beneficiarios, las medidas de alquiler aprobadas afectarán a más de medio millón de familias en situación de vulnerabilidad.

AMPLÍA MORATORIA HIPOTECARIA Y APELA A LA RED DE SOLIDARIDAD

En paralelo a las medidas de alquiler, el Gobierno ha decidido ampliar a tres meses la moratoria en el pago de hipoteca para aquellas personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos como consecuencia de la situación generada a raíz de la crisis sanitaria por la expansión del coronavirus, frente al mes que contemplaba hasta ahora.

Por su parte, la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, ha destacado que la sociedad española es "particularmente solidaria" y tiene un tejido social "muy fuerte", por lo que ve "necesarias" medidas de reforzamiento para reducir la movilidad y evitar contagios, si bien ha recalcado que la "red de solidaridad" es "lo más importante", ya que el Gobierno "no puede remplazar esa red", sino apoyar y cubrir los ámbitos donde no llega.

"Que las medidas excepcionales sean eso, excepcionales", ha apuntado Calviño, tras valorar el esfuerzo de propietarios e inquilinos por llegar a acuerdos ante la situación de alarma.